Abc.es                        23/08/2014

ESPAÑA / MENOS INTERNOS EXTRANJEROS

Así es el perfil medio de los reclusos de nuestro país

 

En 2013 descendió la cifra de presos un 2,67% respecto al año anterior

 

Según cifras de la Secretaría General de InstitucionesPenitenciarias, el 92,41 por ciento de los reclusos de las cárceles españolas son hombres y el régimen más habitual es el segundo grado, donde se encuentra el 73 por ciento de los condenados.

En cuanto a la edad, estos datos reflejan que un tercio de los reclusos se encuentra entre los 31 y los 40 años y otro entre los 41 y los 60. El 8,67 por ciento de ellos tiene entre 21 y 25 años y la población juvenil -menos de 21 años- es residual (un 0,5 por ciento).

Residual es también el colectivo de reclusos que ingresó en prisión condenado conforme al Código Penal anterior al de 1995 (apenas 352).

Los condenados por delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico -fundamentalmente robos- son los más comunes con un 37,2 por ciento de los reclusos (21.014). Por detrás se sitúan los que cumplen condena por delitos que se dirigen contra la salud públicacon un 24,32 por ciento (13.736) y los que hacen lo propio debido a delitos y faltas por violencia de género, con un 7,2 por ciento (4.058).

Además, un total de 3.837 reclusos han sido condenados por homicidio y asesinato y otros 3.143 por delitos contra la libertad sexual.

Casi 500 terroristas en prisión

En cuanto a los condenados por por terrorismo, el anuario del Ministerio del Interior refleja que a finales del año pasado permanecían en prisión por este tipo de delito un total de 494 personas (61 de ellas mujeres), de los que 416 pertenecían a ETA, 42 a organizaciones de terrorismo islamista, 24 al Grapo, 7 al Ejército del Pueblo Gallego y 5 a otros bandas armadas.

Por otro lado, en relación a la distribución de reclusos por comunidades autónomas, son los centros penitenciarios de Andalucía, con 15.190, la que más presos acogen, por delante de los de Cataluña, con 9.797, y Madrid, con 8.916.

Menos reclusos extranjeros

El anuario del Ministerio del Interior refleja que el año pasado el número de presos volvió a descender. En concreto, a finales de 2013 esta cifra se situaba en 66.765, lo que supuso un 2,67 por ciento menos respecto al año anterior.

En lo que llevamos de 2014 estas cifras se se han mantenido. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias fijaba en junio el población reclusa en 66.857.

Esta reducción del número de presos ha sido relacionado por el anuario de Interior con el descenso del número de internos extranjeros. Se trata del cuarto año consecutivo en el que disminuye este colectivo, que a finales del año pasado se situaba en 21.116, lo que supone que uno de cada tres reclusos es extranjero.

Entre los países de procedencia de estos reclusos, los principales son Marruecos (5.773 reclusos), Rumanía (2.275), Colombia (2.257) y Ecuador (1.555). Existe una lista de más de treinta países de procedencia de estos condenados.

http://www.abc.es/espana/20140823/abci-perfil-presos-espana-201408211339.html

Recortada, envejecida y descentralizada

 http://www.elconfidencial.com/

Las ccaa cargan con el peso del gigante

Recortada, envejecida y descentralizada: radiografía de la administración pública

Mujer, maestra y mayor de 40 años. Ese es el perfil tipo del empleado público en España de acuerdo con los últimos datos facilitados por el Registro Central de Personal. El Confidencial ha analizado la estructura de la mayor plantilla del país por detrás de la 'multinacional del desempleo'–, que, tras dos años de pitadas, viernes de luto y mareas negras, se encuentra hoy envejecida y afectada por el lifting al que la han sometido los dos últimos gobiernos.

Los recortes se hacen notar. El tijeretazo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, mantenido –y aumentado– a lo largo de la legislatura de Mariano Rajoy, ha conseguido que este año el empleo público se iguale al que hubo en los últimos años de la burbuja inmobiliaria. En el tercer año de la crisis se alcanzó el pico máximo de plantilla. Y a partir de ese momento, el número de trabajadores en la 'cosa pública' no ha dejado de bajar, hasta el punto de haber desaparecido 192.977 puestos de trabajo –universidades no incluidas– en la Administración.

Sin embargo, no todos los sectores han adelgazado por igual. Según el Boletín Estadístico difundido desde el Ministerio de Hacienda, la peor parte se la han llevado los ayuntamientos y las comunidades autónomas(sobre ellas recae el grueso de trabajadores públicos), que han hecho desaparecer alrededor de 140.000 puestos desde 2010. Los únicos que de momento se han 'librado' del recorte son Policía y Guardia Civil, los cuales se benefician de un ligero aumento (de 137.000 en 2010 a 145.000 en 2014.) 

 Cerca de un 40% del empleo público en España está actualmente ocupado por personas que superan la barrera de los 50 años. Y por comunidades autónomas, la cantidad de empleados públicos con respecto a la población ocupada es bien distinta. Mientras que en Extremadura y Castilla y León la concentración es alta (uno de cada cuatro trabajadores lo hace para la Administración), en Baleares y Cataluña el porcentaje se encuentra por debajo del 13% (uno de cada ocho).

El pasado 21 de julio el diario El País publicó un documento interno elaborado por Hacienda en el que se recogían 255 medidas "de racionalización y mejora del gasto público". El escrito compilaba todas las iniciativas que las comunidades autónomas habían sugerido, por voluntad propia, llevar a cabo para reducir sus cifras de déficit, como la "eliminación de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas", la "contención de ofertas de empleo público y no reposición de efectivos" o la "limitación a la incorporación de personal interino", entre otras.

Tal y como se observa en el interactivo superior, si tomamos una muestra aleatoria de 100 trabajadores públicos, la mayoría de ellos, 40, serían maestros y sanitarios. A este grueso le seguirían 20 personas empleadas en un ayuntamiento, 8 en una consejería autonómica y 5 en un ministerio. El resto se repartiría, de mayor a menor, en trabajadores de universidad (6), militares (5), guardias civiles (3), policía nacional (3), trabajadores de empresas públicas (2), diputaciones (2) juzgados (2), prisiones (1), Seguridad Social (1), Agencia Tributaria (1) y policías autonómicas (1).

El portavoz sindical considera que la percepción ciudadana tiende a confundir los funcionarios de carrera con los puestos de libre designación, y opina que lo que de verdad sobran en España son empresas públicas y asesores. “Por ejemplo, la empresa extremeña PAEXPO-92 S.A. sigue abierta veinte años después del evento de Sevilla, mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal está saturado porque funciona, ahora que tenemos seis millones de parados, con menos plantilla que cuando en España había dos millones de desempleados. No tiene sentido”.

¿Sobran o hacen falta?

Si bien es cierto que a lo largo de la crisis el empleo privado se ha destruido a mayor velocidad que el público, contextualizando los datos a nivel europeo obtenemos una tasa de funcionarios por habitante menor que la de la Europa de los 15. Resulta difícil encontrar una estadística fiable que compare el porcentaje de masa funcionarial de cada país. Existe, por ejemplo, un estudio elaborado por la empresa británica DTZ en el que se compara el número de funcionarios de cada región europea con el número de empleos "de oficina" de esa misma región. Así, según ese estudio, regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha se sitúan en la misma franja que Grecia y Polonia, donde más de la mitad de los puestos "de oficina" son desempeñados por funcionarios.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, dispone de una base de datos con información relativa al empleo público de todos los países del mundo. Según la OIT, en España hay un empleado público por cada 15 habitantes mientras que en países escandinavos como Suecia, Dinamarca o Finlandia la relación desciende a 6, 7 y 8 por habitante. La mayoría de países europeos obtienen mejores resultados que España, que se sitúa en el entorno de países como Portugal y Chipre.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-08-23/recortada-envejecida-y-descentralizada-radiografia-de-la-administracion-publica_179529/?utm_source=www.elconfidencial.com&utm_medium=email&utm_campaign=Boletines+ElConfi

seguridad privada para vigilar las cárceles

Prisiones valencianas

Interior destina 33 millones de euros en seguridad privada para vigilar las cárceles

Los sindicatos de funcionarios de prisiones critican esta privatización de la vigilancia de los centros penitenciarios

I. CABANES | VALENCIA Los ánimos entre los funcionarios de prisiones valencianos están muy caldeados después de comprobar cómo avanza el proyecto piloto de privatización de los servicios de vigilancia exterior en los centros penitenciarios, función que durante años ha desempeñado la Guardia Civil. Así, mientras el Ministerio del Interior ha destinado más de 33 millones de euros a la contratación de 800 vigilantes, que serán destinados a 67 cárceles en todo el país, los sindicatos de prisiones critican que no se están cubriendo los puestos de funcionario y que con ese dinero podrían haber lanzado una oferta de empleo público que superaría las 1.000 plazas de funcionarios de prisiones.

Fuentes de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) aseguran que este proyecto, al que califican de «una privatización encubierta», es un intento de recolocar a todos los escoltas que se encargaban de la vigilancia de políticos y personalidades y que ahora se han quedado sin trabajo.

Estas mismas fuentes sostienen que todo comenzó a gestarse con la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada y que poco a poco el Gobierno va a ir introduciendo en las prisiones «empresas de seguridad privada afines a sus intereses».

«Desde APFP rechazamos esta privatización encubierta de un servicio público esencial como es la seguridad exterior en los centros penitenciarios, que supone una pérdida de calidad, efectividad, y rigor profesional, con los que prestan sus servicios los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad en la vigilancia exterior», explicó el portavoz de dicho sindicato.

La argumentación dada por el Gobierno es que con esta medida se pretende optimizar los recursos disponibles y dar un uso eficiente de los fondos públicos, para compensar la falta de personas de las fuerzas de seguridad del Estado debido a una disminución en la oferta de empleo público. No obstante, los sindicatos de prisiones y las asociaciones de Guardias Civiles consideran que la calidad del servicio se va a ver afectada y temen que con el tiempo las empresas públicas solicitarán asumir más puestos en los centros penitenciarios.

Mientras tanto los sindicatos de prisiones se sienten preocupados por la alarmante falta de funcionarios que acarrean desde hace tiempo, consecuencia de no cubrir las bajas por jubilación. De hecho, en los próximos quince años se jubilarán 6.000 trabajadores de instituciones penitenciarias, cuyos puestos podrían acabar siendo cubiertos con seguridad privada.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/08/18/interior-destina-33-millones-euros/1151195.html

DEVOLUCIÓN DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD DE 2012

Negocios.com                       6/08/2014

 AÚN NO HAY FALLO SOBRE LOS RECURSOS

Montoro espera al TC para devolver la extra a los funcionarios

Desde 2012, los funcionarios han perdido la extra de Navidad. El Gobierno no aclara la fecha para su reintegro.

El Gobierno adopta una "actitud prudente" sobre la devolución de la extra de los funcionarios eliminada en 2012. Así, espera a la resolución de los recursos de inconstitucionalidad planteados ante el Tribunal Constitucional (TC). El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no precisa el año en que se hará efectiva la devolución de la paga extra de Navidad e insistió en que sería reintegrada progresivamente cuando lo permitan las condiciones económicas y presupuestarias.

En una respuesta parlamentaria a una pregunta de la diputada del BNG Olaia Fernández Davila, el Ejecutivo incide en que tiene la misma actitud de prudencia que ha manifestado el Tribunal Supremo (TS) en su sentencia.

A este respecto, considera que el TS en lugar de entrar a conocer el fondo del asunto ha preferido plantear cuestión de inconstitucionalidad a fin de que sea el más alto Tribunal el encargado de determinar cuál debe ser la interpretación que ha de darse a esta cuestión conforme a la Constitución.

El pasado abril, el TS planteó al TC una cuestión de inconstitucionalidad sobre la supresión a los empleados públicos de la paga extra de diciembre de 2012 al estimar que pudo vulnerar la prohibición de retroactividad de las leyes.

Esta decisión deriva del recurso de un funcionario adscrito al Constitucional que demandaba la devolución de la parte proporcional de su extra de Navidad generada entre el 1 de junio y el 14 de julio y que cifra en 769,44 euros.

Los magistrados, que ya adelantaron su fallo el pasado marzo, aclaran que no dudan de la constitucionalidad de la medida "en sus efectos futuros, pero se ve obligado a hacerlo en sus efectos retroactivos o retrospectivos", es decir, que la supresión de la extra por decreto con efectos del 15 de julio afectó a derechos retributivos generados desde el 1 de junio de 2012.

En el sector público la paga extra de junio se corresponde con el periodo trabajado desde el 1 de diciembre anterior hasta el 31 de mayo, en tanto que la de diciembre se devenga entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. Por tanto, el decreto ley que suprimió la paga extra de diciembre y que entró en vigor el 15 de julio afectó a la parte devengada entre el 1 de junio y el 14 de julio, fecha hasta la que los empleados públicos mantenían el derecho a percibir las dos pagas extra en 2012.

Posteriormente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no precisó el año en que se hará efectiva la devolución de la paga extra de Navidad suprimida a los funcionarios en 2012 e insistió en que sería reintegrada progresivamente cuando lo permitan las condiciones económicas y presupuestarias.

http://www.negocios.com/noticias/montoro-espera-prudencia-constitucional-devolver-extra-los-funcionarios-06082014-1253