Empieza la
devolución de la extra de 2012 para los funcionarios
El Ejecutivo quiere hacerla
coincidir con la rebaja del IRPF en la nómina
Hacienda quiere hacer coincidir la rebaja del IRPF en la nómina
de este mes con el pago de la parte de la extra que suprimió el Gobierno en
2012 a los funcionarios y que ahora procede a su devolución
en metálico. A la mayoría se les devolverá de oficio porque
siguen en el mismo empleo y habilitación. Pero, había un problema con los que
han cambiado de destino o incluso de Administración Pública.
Para ello, desde ayer,
este departamento ha habilitado unprocedimiento electrónico en la
sede de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas y en el portal de
internet de los empleados públicos para que estos colectivos soliciten la
devolución y la puedan percibir a fin de mes.
Además
de quienes han cambiado de destino, y de habilitación, podrán solicitar esta
devolución los empleados que en los dos últimos años han dejado de estar en
activo, así como los familiares de quienes pudieran haber fallecido. El sistema
electrónico permite al interesado autorizar a su centro gestor actual para que
solicite el certificado de haberes de 2012 de forma electrónica al centro de
origen, o bien aportándolo directamente si ya dispone del mismo.
En todo caso, este
mecanismo se ha habilitado sólo
para los funcionarios de la Administración Central. Es muy
probable que el resto de administraciones, es decir, autonomías y
ayuntamientos, establezcan un sistema similar ya que también van a proceder a
la devolución.
En realidad, no se trata de una devolución de
parte de la paga extra, sino del reintegro de los 44 días de devengo
transcurridos desde el 1 de junio, en que se computó el periodo para la paga
extra de diciembre de ese año, al 14 de julio, fecha en que entró en vigor el
decreto de medidas de estabilidad presupuestaria que suprimió la paga para ese
ejercicio. De esta forma, el Ejecutivo, y el resto de administraciones, se
anticipan al cúmulo de sentencias que ya se estaban produciendo, que declaraban ilegal la supresión total de la
paga y que fijaban la
percepción de esos 44 días que corresponden al 24,04% de dicha retribución. El
coste para el Estado es de 230 millones y la cifra superará los mil millones
incluyendo al resto de administraciones.
