lunes, 23 de febrero de 2015

El permiso de lactancia




El permiso de lactancia aún no es una realidad para todos los funcionarios

ü Aunque Hacienda reconoció este derecho a los empleados públicos cuyas parejas no trabajaran, muchos aún tienen que recurrir a los tribunales para acceder a él
ü "En la administración central es una intepretación asentada, pero está habiendo algunos problemas en la administración local y en alguna autonomía", dicen desde CSIF
ü Las sentencias desligan el permiso del hecho biologico de la lactancia y lo consideran una medida de conciliación

A.M.R.S, funcionario de prisiones en la cárcel de Herrera de la Mancha, inició en 2012 una batalla para conseguir el permiso de lactancia que le permitiera atender a sus mellizos. Como su pareja no trabajaba, la subdelegación del Gobierno de Ciudad Real había denegado su petición. El sindicato CSIF recurrió la decisión, que consideró contraria a la igualdad de género, y la subdelegación rectificó. Otros casos se sumaron al de A.M.R.S y, con la jurisprudencia europea de fondo, el Ministerio de Hacienda lanzó unas directrices en las que reconocía el derecho de los funcionarios a ejercer la lactancia fuera cual fuera la situación laboral de su pareja.
Más de dos años después, sin embargo, este reconocimiento aún no se ha extendido a todo el personal de las distintas administraciones públicas y el Gobierno no ha modificado el Estatuto Básico del Empleado Público para consolidar este cambio.
Para CSIF, las directrices de Hacienda son una de las pocas conquistas sociales que el personal funcionario ha conseguido en una época marcada por los recortes. Sin embargo, esas directrices son una interpretación del Estatuto, pero no una norma. "En la administración central es una interpretación asentada, pero sí está habiendo algunos problemas en la administración local, en ayuntamientos y diputaciones, y en alguna autonomía", explica la portavoz de CSIF, María Mur.
Si una administración niega el permiso a un funcionario, la vía que le queda son los tribunales. Son ya varias las sentencias que les dan la razón. "Aunque las demás administraciones pueden, e incluso deben, interpretar el permiso de lactancia conforme a las directrices de Hacienda y a las sentencias, aún se está denegando ese derecho a muchos trabajadores. Si se modificara el Estatuto ese cambio afectaría ya a todos los empleados de todas las administraciones", explica la secretaria federal de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Emilia González. La central acaba de enviar una carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en la que solicitan esta modificación.
También la secretaria de Igualdad de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, María José Marín, cree que si la norma cambiara para reflejar con claridad esa interpretación "evitaríamos situaciones de indefensión" como las que se están produciendo.

La lactancia no es un hecho biológico

Una de las sentencias más recientes afecta al personal docente de Castilla y León. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad estimó el recurso interpuesto por CSIF y anuló un punto de una orden de la Consejería de Educación que exigía al padre que acreditara que la madre trabajaba para poder acceder al permiso de lactancia. De esta forma, los profesores pueden ya acogerse al permiso aunque su pareja no trabaje.
La Sala señala que se trataba de un artículo que contenía una "discriminación injustificada" y que desvirtuaba la razón del permiso. El fallo hace hincapié en el argumento de fondo que ha servido para llevar a cabo este cambio: el permiso está desvinculado del hecho biológico de la lactancia. "Hay que desligarlo del hecho biológico, se ha convertido una medida de conciliación", subraya Emilia González.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se pronunció en este sentido en 2010. "Dejó claro que el permiso de lactancia no es en beneficio de uno u otro trabajador, sino en beneficio de los hijos. La interpretación que lo une al hecho biológico es una interpretación sesgada y machista", asegura la secretaria de Igualdad de CSIF.
Si los dos miembros de la pareja trabajan, solo uno de ellos puede acogerse al permiso de lactancia. Para María José Marín, de CCOO, el siguiente paso es "individualizar" ese derecho. "Que se reconozca a cada trabajador independientemente de la situación de su pareja", dice.


Interior propone endurecer las penas para los motines en prisión




ESPAÑA / CÓDIGO PENAL

Interior propone endurecer las penas para los motines en prisión


N. VILLANUEVA / MADRID
Día 23/02/2015 - 12.55h

El Grupo Popular registra una enmienda en la que los considera atentado agravado por un plus de peligrosidad




El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha introducido una enmienda a la reforma del Código Penal en la que propone que se incrementen las penas a quienes participan en un motín en prisión: se enfrentarían a cuatro años de cárcel. Los populares pretenden reforzar así la protección del funcionario de prisiones , que en la reforma que salió del Congreso ya se equiparaba con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los militares en los delitos de terrorismo.
El Grupo propone que en la modificación del artículo 551 del nuevo texto legal, que prevé el agravamiento de la pena en el delito de atentado, se introduzca un nuevo apartado que recoja «los motines, plantes o incidentes colectivos en el interior de un centro penitenciario». Entiende que tiene que tratarse de un subtipo agravado por el «plus de peligrosidad» y por el mayor reproche que implica la comisión del delito en un contexto de estas características.
Aunque el artículo 550 castiga como autores de un delito de atentado a los que «agredieren con intimidación grave o violencia, opusieran resistencia a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos», lo cierto es que en la práctica las agresiones a funcionarios de prisiones se estaban castigando como falta, lo que ha sido objeto de críticas en numerosas ocasiones por parte de este colectivo.
En el proyecto de ley de reforma que salió del Congreso, el artículo 551 preveía la imposición de penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior (prisión de uno a cuatro años en delito de atentado contra la autoridad y de uno a tres en los demás casos) en tres supuestos. El primero, cuando el delito se cometa haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos; el segundo, cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves, lo que incluye el lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables y la utilización de explosivos; y el tercero, cuando se acometa a la autoridad, agente o funcionario público haciendo uso de un vehículo a motor. Si finalmente sale adelante la enmienda del Grupo Popular, lo que se da por sentado al contar con mayoría absoluta en la Cámara Alta, se introduciría un cuarto apartado que contemple de forma explícita el «motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario».

Zoofilia sin fines comerciales

Por otra parte, los grupos parlamentarios de PNV, CC, CiU, ERC, IU y EPC también han registrado en el Senado varias enmiendas al proyecto de ley encaminadas a que se especifique el nuevo delito de zoofilia incluye las prácticas sexuales con animales más allá de su explotación comercial.
Como adelantó ABC, en el texto actual se prevé que se castigue con penas entre tres meses y un año de prisión e inhabilitación para ejercer profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, al que maltrate «injustificadamente», causándole lesiones que menoscaben «gravemente» su salud o sometiéndole a explotación sexual, a animales domésticos o amansados, a los que habitualmente están domesticados, a los que de forma temporal o permanente vivan bajo control humano o a cualquier animal que no viva en estado salvaje.





domingo, 22 de febrero de 2015

El juez rechaza paralizar el caso de los vertidos de la depuradora de la prisión



El juez rechaza paralizar el caso de los vertidos de la depuradora de la prisión

Miguel Ángel del Arco critica las alegaciones de la Fiscalía y que pida un "informe imparcial" sobre la afectación
Y. HUERTAS GRANADA | ACTUALIZADO 21.02.2015 - 01:00



El juez que investiga desde 2010 los supuestos vertidos contaminantes de la depuradora del Centro Penitenciario de Albolote, Miguel Ángel del Arco, ha dado un nuevo golpe de mazo. A través de un auto, el magistrado, que se negó en noviembre a archivar el caso, deja ahora clara su negativa a paralizar la instrucción mientras la Audiencia de Granada resuelve el recurso de apelación interpuesto contra su decisión de no dar carpetazo al asunto. 

En su resolución, dictada el pasado 19 de febrero y a la que ha tenido acceso este diario, el juez Del Arco considera que la pretensión de la Abogacía del Estado de suspender la instrucción hasta que se resuelva dicho recurso no sólo no tendría base legal sino que carece de precedentes en la práctica diaria y provocaría unos resultados "funestos". 

"¿Más lentitud de la que somos capaces de provocar? ¿Más sufrimiento para los imputados, perjudicados y más molestias para todos los intervinientes en el proceso, despilfarro de recursos y una frustrante experiencia social? ¿Más ineficacia? ¿Soportando más daño al medio ambiente?". Con esta batería de interrogantes el instructor responde a la petición de paralizar la causa hasta que la Audiencia se pronuncie. Recuerda que la fecha de su jubilación se aproxima (el próximo 4 septiembre) y reconoce que "una salida airosa" a efectos de economía de trabajo sería acceder a la suspensión planteada, pero lo rechaza. 

"Resulta evidente que el asunto que nos ocupa (...) tiene implicaciones políticas de las que los jueces debemos de huir y también, si es posible, no complicar en determinadas fechas pero que resulta difícil en el panorama electoral del presente año; es decir, que no debemos de ir de elecciones", dice. 

En su auto, el juez critica además las alegaciones realizadas por la Fiscalía de Medio Ambiente de Granada, que consideró necesario un "informe imparcial" que acredite los daños producidos por esos supuestos vertidos en el barranco y arroyo Juncal a la hora de valorar la adopción de medidas cautelares. El juez recuerda que ya existen informes realizados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que "ratifica unos indicios". Indica en este punto que el Seprona realizó "una labor investigadora excepcional" y evoca, entre sus atestados, uno fechado en 2013, "sobre medidas a adoptar para evitar el perjuicio que supone utilizar agua residual sin depurar en los regadíos". De igual modo, alude a otro informe del Departamento de Química y Medio Ambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que determinó que "los resultados contenidos en los informes remitidos evidencian una serie continuada de vertidos de elevada carga contaminante en materia orgánica en cauce público". 

El magistrado admite que el auto que dictó el pasado mes de noviembre, en el que se negó a archivar la denuncia de la dueña del Cortijo de las Torres que dio lugar a la causa penal, puede ser discutible en orden a la prescripción, "pero -agrega- hay nuevos hechos que avalan la no prescripción y la existencia indiciaria de delitos continuados ante una posible conducta continua de antijuridicidad". En este contexto, confiesa que no comprende la postura de la Fiscalía de Medio Ambiente. Tilda de "incomprensible" su escrito interponiendo recurso de apelación y pidiendo, por un lado, que se confirme el auto en el que ordenó continuar la tramitación de la causa y, por otro, que se revoque en cuanto se dirige la investigación en relación a hechos y delitos que han de considerarse prescritos. "¿Qué hechos y delitos?" se pregunta. 

Se da la circunstancia de que la denunciante, que ejerce a acusación popular, había solicitado nuevas imputaciones (entre ellas las de los delegados de Medio Ambiente de la Junta entre 2004 y 2014). Sobre esas peticiones el magistrado explica que "ha sido prudente en dilatar las imputaciones y adopción de medidas cautelares en parte por no estar a nuestra disposición un material documental necesario, que ha costado trabajo localizar y conseguir aunque otros documentos probablemente no se podrán conseguir". 

Entre los ex delegados que la denunciante pide que sean imputados se encuentra Francisco Javier Aragón (PSOE), que al ser actualmente parlamentario andaluz tendría la condición de aforado, extremo del que ha alertado la Fiscalía, que cree necesario que si el juez considera que procede la imputación "debería elevar escrito razonado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)" porque él no sería competente para la instrucción en su caso. 

Fuentes judiciales precisaron que en la causa figuran hasta el momento como imputados "el administrador del Centro Penitenciario de Albolote y técnicos de la última empresa que llevó el mantenimiento de la depuradora". 

En esta investigación, el juez trata de esclarecer si se ha cometido una posible prevaricación ambiental omisiva por parte de los funcionarios responsables en materia medioambiental que no pusieron remedio a la situación y otro posible delito contra el medio ambiente. Para el magistrado, este es "un asunto complicado, complejo, con evidentes implicaciones políticas y sociales respecto al medio ambiente".




jueves, 19 de febrero de 2015

continuos fallos en los sistemas de detección de incendios de la cárcel

IDEAL.es                              19/02/2015

Sindicatos advierten de "continuos fallos" en los sistemas de detección de incendios de la cárcel

El error está provocando numerosas "falsas alarmas" y creando un "ambiente de tensión permanente" en la prisión

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones y el sindicato CSIF han censurado este jueves los "continuos fallos" que está registrando el nuevo sistema de detección de incendios del Centro Penitenciario de Albolote (Granada), que está provocando numerosas "falsas alarmas" y creando un "ambiente de tensión permanente" en la prisión.
Hace poco más de seis meses se iniciaron una serie de reformas en la cárcel que han supuesto la modernización de los sistemas informáticos que controlan la apertura y cierre de las celdas, la instalación de una nueva interfonía para la comunicación, mejoras de electricidad y la instalación del citado sistema antiincendios.
Los sindicatos afirman que estas alarmas han supuesto una inversión superior al millón de euros, y sin embargo, el sistema ha tenido que ser desactivado provisionalmente hasta que se corrijan las anomalías.
Según han explicado en sendos comunicados, tras la instalación del nuevo sistema contra incendios las alarmas comenzaron a saltar cada 10 o 15 minutos, lo que hace que "se active a todo el personal que trabaja en los residenciales para hacer frente a un posible fuego".
"Se crea un ambiente de tensión permanente porque no se sabe ciertamente si todas las alarmas son falsas o si por el contrario hay alguna que tenga un fundamento. El trabajo rutinario se deja para atender esta urgencia y se retrasa considerablemente todas las actividades del Residencial", relatan desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones.
"Esto se agrava considerablemente en los turno de noche, ya que en las comprobaciones se interrumpe el descanso nocturno de los reclusos, más aún si se tiene en cuenta la corta frecuencia con que la centralita da los avisos falsos", añaden.
Por todo ello, los sindicatos reclaman que se exija a la empresa concesionaria de la instalación del nuevo sistema que subsane "de inmediato" los problemas que está ocasionado, eliminando "completamente las falsas alarmas".




lunes, 16 de febrero de 2015

CC OO de banca gastó 14 millones en viajes y reuniones en cinco años

http://elpais.com/               16/febrero/2015


CC OO de banca gastó 14 millones en viajes y reuniones en cinco años


Los dirigentes desembolsaron decenas de miles de euros en asadores y marisquerías




Comfia, la antigua federación de banca de CC OO —hoy fusionada con la de comercio y hostelería— gastó entre 2008 y 2012 un total de 14,06 millones de euros en “viajes y reuniones”, según recogen las cuentas internas del sindicato, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta partida es, tras la de “gastos generales” —14,99 millones—, la mayor entre las salidas de dinero en los años estudiados.
Las decenas de miles de apuntes contables de viajes y reuniones reflejan unos gastos muy elevados en toda la estructura de la federación. Entre ellos, además de los previsibles desembolsos del mayor sindicato del sector financiero —transporte, dietas, hoteles...—, destacan dos partidas en particular. La primera son las decenas de miles de euros anuales gastados por la cúpula estatal en asadores, marisquerías y restaurantes de elevado precio. La segunda es la millonaria factura que suponen los frecuentes congresos y reuniones a todos los niveles —estatal, comunidades, empresas...—, con eventos que llegan a costar más 300.000 euros. A ellos hay que sumar gran cantidad de apuntes por cientos o miles de euros registrados bajo términos genéricos —“varios”, “visa”...— que hacen imposible comprobar el destino real del dinero.
La cúpula de Comfia justifica el elevado nivel general de gasto. “En banca, la actividad sindical se hace por todo el territorio”, explica Benito Gutiérrez, secretario de Organización y Finanzas de la organización. “Visitamos todas las oficinas de España dos o tres veces al año, y son varios miles. Esto supone muchos gastos de transporte, alojamiento, alimentación...”. El sindicato admite que ha adoptado medidas de ahorro con la aplicación de nuevas tecnologías. Esto, por ejemplo, ha permitido reducir los gastos de viajes y reuniones registrados entre 2008 y 2012 —de 2,7 a 2,9 millones de euros anuales— a dos millones en 2013.
Las cuentas de Comfia revelan una gran cantidad de comidas, a veces tres veces por semana por dirigente, en restaurantes que superan los 50 euros por comensal. Entre los locales hay asadores de Madrid como Dantxari, Kupela y Cuevas del Duque; sidrerías como Zerain; arrocerías como Zaranda y La Buganvilla; y locales como El Zorzal, Treze, Casa Jacinto y Parrilla De María, entre muchos otros. Cuando visitaban Barcelona, los locales a los que acudían eran el 7 Portes, el Senyor Parellada y el Merendero de la Mari. Los recibos de varios cientos o más de 1.000 euros se acumulan en la contabilidad del sindicato.
Un caso destacado es el del Benito Gutiérrez. En 2009, gastó 37.057 euros en viajes, de los que 15.810 fueron en restaurantes y otros 7.200, en apuntes genéricos como “varios” y “acción sindical”. Otro caso es el de José María Martínez López, secretario general de Comfia, cuyos gastos ese mismo año ascienden a 26.719 euros. En este caso es más difícil saber el motivo del gasto, ya que 14.846 euros figuran bajo apuntes genéricos. Los que concretan el gasto en restaurantes ascienden a 7.785 euros. Para ambos dirigentes, el sindicato también pagaba sobresueldos de hasta 20.000 euros anuales, el renting de un coche (unos 10.000 euros anuales), el alquiler de una plaza de garaje (2.000 euros al año), y en el caso de Gutiérrez, que tiene su domicilio en Mora (Toledo), un piso en Madrid (12.000 euros al año).
Los congresos, reuniones y juntas generales de accionistas son otra de las grandes partidas en las cuentas. El congreso celebrado en la primavera de 2009 en Sevilla, por ejemplo, ocasionó a la estructura estatal un gasto superior a los 300.000 euros si se agrupan todas las partidas. “La convocatoria obliga a desplazar a 600 personas, alojarlas en un hotel, comidas... Puede parecer un gasto elevado, pero a ello nos obligan los estatutos”, defiende Gutiérrez.
Del nivel de gasto de Comfia da una idea el hecho de que a los congresos, celebrados cada cuatro años, hay que sumar las decenas de reuniones que anualmente convocan federaciones autonómicas y secciones de cada entidad financiera. Cada una costó a Comfia desde poco más de un millar de euros por una reunión a cerca de 20.000 una jornada.
Las cuentas también incluyen algunos gastos llamativos, como la multa de tráfico de 250 euros impuesta al secretario de Madrid, Francisco López, y pagada por Comfia el 13 julio de 2010. “No debería haberse pagado”, admite el sindicato. El mismo López y Félix Benito cargaron sendos recibos —de 28,3 y 33,9 euros, respectivamente— por la “huelga general del 29-S” de 2010. Comfia afirma que se trata del “parking de la jornada, cuando pusieron su coche a disposición de la organización”. En las cuentas de Manuel Rodríguez Aporta, responsable de cooperación internacional, consta en 2008 un apunte por 509,5 euros de la agencia peruana Inkanatura Travel, especializada en el ecoturismo y expediciones a la selva amazónica y al Machu Picchu. Un portavoz de Comfia asegura que “Rodríguez estaba en Perú formando a sindicalistas locales, y el gasto debe corresponder al alquiler de algún espacio para reuniones”. La página web de la agencia no ofrece este servicio.

Gastos en viajes y reuniones

2008: 2,86 millones de euros.
2009: 2,89 millones de euros.
2010: 2,95 millones de euros.
2011: 2,68 millones de euros.
2012: 2,68 millones de euros.
Total: 14,06 millones de euros.

El polémico triángulo de Caja Madrid

El restaurante El Zorzal y las sedes de Comfia y Caja Madrid formaron un triángulo en el que se movieron muchos hilos que acabaron enredándose en la quiebra de la entidad. En las cuentas de la federación —que tiene varios cuadros procedentes de la caja madrileña—, figuran decenas de miles de euros gastados en este local, propiedad de dos exdirectivos de Comfia: María Jesús Paredes y Francisco Baquero. Este tuvo que dejar sus cargos en CC OO tras saberse que gastó como consejero de Caja Madrid 266.400 euros con las tarjetasblack.De ellos, 14.163 los gastó en su propio restaurante. Baquero fue uno de los seis miembros de CC OO que usaron tarjetas opacas de la entidad.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, hoy imputado, tuvo en Comfia a uno de sus principales apoyos. En la asamblea celebrada en enero de 2010, meses antes de la primera aportación de fondos públicos a la entidad, el actual secretario general de Comfia, José María Martínez, despidió a Blesa —relevado por Rodrigo Rato— con las siguientes palabras: “Queremos expresar nuestro reconocimiento por su gestión durante los últimos 13 años, que también han sido la etapa más fructífera desde el punto de vista laboral”.
Ayer, tras publicar EL PAÍS que Comfia repartió 3,7 millones en sobresueldos a sus delegados, el sindicato emitió un comunicado en el que insiste en la transparencia de los pagos, a los que llama “retribuciones de carácter complementario”. La nota omite que nunca ha hecho pública la cuantía total de los pagos, las personas que los perciben ni los abonos por delegado.


domingo, 15 de febrero de 2015

Los extranjeros protagonizan la caída




Los extranjeros protagonizan la caída del 15% de la población reclusa en el último lustro

Ø Los presos españoles se han reducido en un 7,3% desde 2009 por un 27,7% de los nacionales de otros países
Ø La reforma de Zapatero que redujo las condenas por tráfico de drogas ha permitido que un número mayor pueda conmutar la pena por la expulsión
Ø El perfil de preso es el de un varón español menor de 40 años, condenado a entre 3 y 8 por delitos contra el patrimonio

El día 6 del mes de febrero había en las cárceles españolas un total de 65.153 presos. La cifra, de las más altas de Europa Occidental en porcentaje, confirma sin embargo la tendencia a la baja que se experimenta desde 2009 y que tiene en la población reclusa extranjera su causa principal. Dos de cada tres presos que integran ese casi 15% de descenso en los últimos cinco años son extranjeros.
La causa principal está en la conjunción de dos reformas penales. La primera, acometida en 1995, permite a los extranjeros conmutar una pena inferior a los seis años de cárcel por la expulsión del país. La otra es más reciente y está dirigida a cualquier condenado, independientemente de su origen: es la que aprobó el Gobierno de Zapatero para reducir las condenas por tráfico de drogas. La consecuencia es que presos extranjeros que antes no podían acogerse a la posibilidad de la expulsión por superar los seis años de condena pueden hacerlo desde 2010.
Para explicar estos motivos del descenso de la población reclusa es necesario apuntar que en 2014 el 23,85% de los presos condenados lo había sido por un delito contra la salud pública, un total de 13.066 internos. Solo los delitos contra el patrimonio superan ese porcentaje (37,65%). Por otra parte, la población reclusa extranjera es elevada: un 30,3% del total, hasta alcanzar los 19.697 internos. Sin embargo, en 2009, fecha en que comienza el descenso de internos en las cárceles, los extranjeros eran 27.162, 7.465 más.
“Hay que tener en cuenta que en España, en el ámbito penitenciario, los extranjeros siempre han tenido mucho peso en la demografía carcelaria por dos factores principalmente: la situación de precariedad y exclusión social (falta de autorización de residencia y permiso de trabajo) y, en segundo lugar, por la aplicación judicial de la prisión provisional por falta de arraigo familiar y social. Mientras los presos con nacionalidad española han descendido un 7,35% desde 2009, los extranjeros alcanzan una reducción del 27,78%.
En cuanto a la reforma de diciembre de 2010 en materia de tráfico de estupefacientes y su incidencia en la población reclusa extranjera, el sindicato recuerda la reducción de 9 a 6 años para los delitos más graves por tráfico de drogas. Y añade: “Anteriormente, el delito básico era castigado con penas de 3 a 9 años de cárcel, que ahora se rebaja a un máximo de seis años, por lo que ha producido una reducción de tres años de media en sus condenas”.
El artículo 89 del Código Penal establece que podrán conmutar su condena por la expulsión del país aquellos extranjeros condenados hasta los seis años de cárcel siempre que el delito no sea contra el derecho de los trabajadores o contra el tráfico de personas. La mayoría de los presos extranjeros está en la cárcel por tráfico de drogas, por lo que la reforma de 2010 incide directamente en sus posibilidades de cambiar la cárcel por la expulsión.

Más agresores sexuales condenados

El número de condenados por delitos contra la salud pública han sido los que más han descendido en estos cinco últimos años, un total de 4,11 puntos menos. Y los cometidos contra la libertad sexual los que más han crecido, 4,58 puntos.
En cuanto a las condenas, la mayoría de los presos están por delitos castigados con entre 3 y 8 años, un total de 20.349 (un 43,39%), seguidos de los que están condenados a 3 o menos años (13.628, un 29,06%). Según van creciendo las penas, descienden el número de condenados. Entre 8 y 15 años de cárcel, un 18,21%, que baja drásticamente al 5,48% de los que tienen una condena de entre 15 y 20 años. Por último, los presos condenados a más de 20 años son el 3,40% de la población reclusa, un total de 1.594.
Por edad, seis de cada 10 internos tienen menos de 40 años y solo el 3,61 por ciento tiene más de 60. Por sexos, nueve de cada diez reclusos en cárceles española son hombres. El 46,03% son reincidentes.



La Junta reanudará el servicio de orientación jurídica a presos

Noticiaspress.es


La Junta reanudará el servicio de orientación jurídica a presos tras la firma de un convenio con abogados e Interior


El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, han firmado hoy un convenio para volver a poner en marcha el servicio de orientación jurídica penitenciaria en Andalucía del que se podrá beneficiar la población reclusa de las 13 cárceles de esta comunidad.
En el convenio participa también el Ministerio del Interior, administración competente en materia penitenciaria y que se sumará próximamente a su firma para la inminente puesta en marcha de un servicio que había sido suspendido en 2012 por la falta de renovación del citado convenio.
En virtud de este acuerdo, la población reclusa en Andalucía recibirá asistencia sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o asesoramiento sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita.
De Llera, que ha mostrado su “satisfacción” por la reanudación de este servicio, ha destacado que la orientación jurídica será realizada por abogados especialistas en materia penitenciaria y en dependencias de las prisiones en horas y días fijados por la dirección de cada centro. “Todo esto va a redundar, además, en beneficio del buen gobierno de los centros penitenciarios andaluces”, ha precisado el consejero.
Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha resaltado que se trata de un “convenio importante para la abogacía y para la población penitenciaria”, fruto de una “gran colaboración” con la Consejería de Justicia e Interior para conseguir reanudar el servicio.
Mayor control del gasto
El convenio tiene una vigencia de tres años prorrogables, financiado al completo por la Consejería de Justicia e Interior, con una dotación inicial de 140.000 euros anuales que será abonada en periodos trimestrales al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, previa justificación de los servicios efectuados.
Según ha explicado el consejero, este convenio establece un mayor control del gasto que hacen los colegios de abogados de los fondos públicos destinados a este servicio, la elaboración de un plan de calidad y la regulación de la participación de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior, en la certificación de las asistencias o el control de los horarios y días de prestación.
“La Junta siempre ha considerado imprescindible para reanudar esta actividad jurídica en las prisiones la firma de un convenio tripartito con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, como máximo representantes de los letrados, y el Ministerio del Interior, como competente en materia penitenciaria, para conferir la garantía y seguridad legal necesarias, como venía realizándose en los últimos años”, ha señalado De Llera.
No obstante, el consejero ha reiterado que el convenio no considera las asistencias de este servicio como guardias, ya que éstas forman parte de la prestación de asistencia jurídica gratuita que ya se encuentra garantizada por la Junta a la ciudadanía que cumpla los requisitos necesarios para ser beneficiaria.

Reclaman que la prisión acoja a funcionarios en prácticas

Ideal.es                 14/02/2015

Reclaman que la prisión acoja a funcionarios en prácticas para paliar la falta de plantilla

La cárcel de Albolote tiene una capacidad máxima para 1.008 internos, pero actualmente acoge a unos 1.500, por lo que existe una "acuciante necesidad de personal"


La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha reclamado que se asigne al Centro Penitenciario de Albolote (Granada) un número suficiente de los funcionarios en prácticas que van a salir de la promoción de Oferta de Empleo Público correspondiente a 2014 a fin de "paliar la precariedad" que existe en materia de personal.
El sindicato ha remitido por escrito esta solicitud a la dirección de la prisión de Albolote, al subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, y al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, manifestando su "preocupación" por una situación que impide a la plantilla realizar su tarea "con eficacia".
En el escrito, se alerta de que la prisión de Albolote lleva "años sufriendo una alarmante falta de personal" que la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "reconoce oficialmente".
Según los cálculos del sindicato, son necesarios más de medio centenar de funcionarios para completar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) asignada para la prisión granadina. Por ello, y a fin de paliar temporalmente esta circunstancia, piden que se asigne un número suficiente de funcionarios en prácticas, un mínimo de 50, de la promoción de la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2014.
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ya ha aludido en otras ocasiones al "hacinamiento de presos" que existe actualmente en el Centro Penitenciario de Albolote, el "más poblado de Andalucía" y el "segundo en España" de los Centros Tipo.
La cárcel de Albolote tiene una capacidad máxima para 1.008 internos, pero actualmente acoge a unos 1.500, por lo que existe una "acuciante necesidad de personal".
Desde el colectivo advierten además de que la cárcel granadina cuenta con una de las plantillas más envejecidas del país, con una media de 45 años, ya que han transcurrido varios años si que se adecue la RPT al no abrirse ningún proceso para ello. Por todo ello, confían en que las administraciones competentes tengan en cuenta su solicitud.

http://www.ideal.es/granada/provincia-granada/201502/15/reclaman-prision-acoja-funcionarios-20150215121912.html 

http://www.20minutos.es/noticia/2377746/0/reclaman-que-prision-albolote-acoja-funcionarios-practicas-para-paliar-falta-plantilla/ http://www.apfp.es/web/index.php/943-reclaman-que-la-prision-acoja-a-funcionarios-en-practicas-para-paliar-la-falta-de-plantilla

sábado, 14 de febrero de 2015

CURSO PARA JEFE DE SERVICOS

Curso de  actualización para Jefe de Servicios


Ø Destinatarios: Funcionarios que desempeñen el puesto de Educador/a con los criterios de prioridad que establece la convocatoria.
Ø Lugar: Madrid
Ø Fechas: 23-27 marzo 2015 (jornadas mañana y tarde).
Ø Plazas: 30
Ø Solicitudes: Hasta el 3 de marzo de 2015.


CURSO PARA EDUCADORES

Curso de  actualización para educadores


Ø Destinatarios: Funcionarios que desempeñen el puesto de Educador/a con los criterios de prioridad que establece la convocatoria.
Ø Lugar: Madrid
Ø Fechas: 6-10 abril 2015 (jornadas mañana y tarde).
Ø Plazas: 30
Ø Solicitudes: Hasta el 9 de marzo de 2015.

  

CURSO PARA ASISTENTES SOCIALES

Curso de  actualización de trabajadores sociales



Ø Destinatarios: Trabajadores Sociales que no lo hayan realizado con anterioridad.
Ø Lugar: Madrid
Ø Fechas: 2-5 Marzo 2015 (jornadas mañana y tarde).
Ø Plazas: 30
Ø Solicitudes: Hasta el 17 de Febrero de 2015.