domingo, 31 de mayo de 2015

APFP DE C. P. ALBOLOTE PIDE EL CIERRE DE DOS MÓDULOS

IDEAL. Es                            30-mayo-2015

Los funcionarios de la cárcel de Albolote exigen el cierre de dos módulos y la reducción del número de presos

Pretenden acabar con el "hacinamiento" que se sufre en este centro penitenciario


Los funcionarios de la cárcel de Albolote (Granada) han registrado una petición en la Subdelegación del Gobierno de Granada para exigir el cierre de dos de los módulos residenciales de la prisión y el consiguiente traslado de los internos para reducir el número de presos y así acabar con el "hacinamiento" que se sufre en este centro penitenciario.
Así lo ha asegurado a Europa Press el delegado sindical de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) en la cárcel granadina, Rafael Molina, quien ha explicado que la instalación penitenciaria de Albolote es una "cárcel tipo" de las que hay 15 en toda España que tienen capacidad para 900 a 1.100 personas pero, en Albolote, hay "1.500 presos" una situación que "pone en peligro la seguridad de los trabajadores", ha apuntado Molina.
En la cárcel de Salamanca, calificada también de 'tipo', hay 600 presos menos que en la de Granada y en la de Villena 200 tal y como ha apuntado Molina quien ha reiterado que con el cierre de los módulos se aminoraría en 200 el número de internos "y se refrescaría el exceso de trabajo y la falta de espacio".
Según ha informado el representante sindical, además del excesivo número de internos, la prisión sufre una "alarmante falta de personal" que la secretaría general de instituciones penitenciarias "ha reconocido oficialmente" según palabras de Molina calculando que se puede cuantificar en más de 50 funcionarios los que se necesitan para completar la relación de puestos de trabajo asignada para la prisión de Albolote.
En febrero de 2015, la sección sindical de APFP hizo una petición oficial para que se dotaran de funcionarios en prácticas, dentro de la oferta de empleo público de 2014, un número suficiente para paliar este problema "una petición que la secretaría general no tuvo en cuenta en absoluto", ha criticado el funcionario.
El aumento en la edad media de la plantilla, que ya roza los 50 años, es otra de las cuestiones por las que APFP ha presentado la petición ante la Subdelegación ya que a partir de los 57 años pasan a segunda actividad y dejan de "trabajar de manera directa con los presos y se quedan en las oficinas" además de las jubilaciones que "este año se cuantifican en media docena", ha precisado.
Con "el 150 por ciento de hacinamiento" entre los presos y la reducción de la plantilla de funcionarios debido a la paralización de la oferta pública de empleo, el número de incidentes y ataques hacia los miembros de la plantilla laboral ha aumentado en los últimos meses, ha apuntado Molina quien ha concluido reiterando la exigencia del cierre de los módulos y ha anunciado que habrá más movilizaciones de no encontrar una solución.




martes, 19 de mayo de 2015

acciones formativas INAP segundo semestre 2015

Convocadas acciones formativas del INAP para el segundo semestre de 2015
Resolución de 13 de mayo de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en materia de idiomas para el segundo semestre de 2015. 


Ø DESTINATARIOS: Empleados públicos subgurpos A1, A2, C1, C2 y E, que cumplan el perfil de cada una de las actividades formativas
Ø VARIOS NIVELES Y MODALIDADES: On line y presencial
Ø  ASISTENTES: Máximo de 25 empleados públicos.
Ø SOLICITUDES:  Hasta el 3 de junio
Ø  DESCARGA DE SOLICITUDES: http://www.inap.es/formaciongeneral

viernes, 15 de mayo de 2015

Los etarras ejercían puro terrorismo psicólogico entre los funcionarios



¿Que fue de ...?

«Los etarras ejercían puro terrorismo psicólogico entre los funcionarios»

Pilar Muñoz - sábado, 16 de mayo de 2015

Hasta 1975, año de la apertura de la cárcel de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real sólo había un centro penitenciario, el de la capital; cuatro después, en 1979, se sumó a esta lista provincial una tercera prisión, la de Herrera de La Mancha. Este escenario permaneció invariable hasta 1992, año en que el Gobierno puso en marcha un plan de amortización de centros que, supuestamente, debía sustituir las cárceles más antiguas por prisiones modernas y que, mire usted por donde, empezó a aplicarse por la Prisión Provincial de Ciudad Real.
Sólo hay una persona que puede hablar con total conocimiento de causa de la historia y vicisitudes de estas cárceles, un hombre nacido en La Mancha y que es el único que ha ostentado la dirección de los tres centros penitenciarios.
Jesús Eladio del Rey Reguillo (La Solana, 1955) es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en la Clínica, y Máster en Psicología Legal y Forense. Pero en lugar de abrir una consulta, impartir clases o acceder a un centro sanitario, optó por Instituciones Penitenciarias. Entró en 1983 y su primer destino fue la cárcel Modelo de Valencia.
Sin embargo, a los pocos meses, regresó a su tierra, a muy pocos kilómetros de su localidad natal, ya que le destinaron a Herrera de La Mancha. Cinco años después, en mayo de 1998, asumió la  dirección del centro penitenciario.
Del Rey Reguillo repasa con La  Tribuna estos años y asegura que   fueron tiempos difíciles porque «en aquella época todos los internos que alojaba Herrera eran de ETA, al haber sido concentrados allí tras el asesinato de un médico que trabajaba en la prisión del Puerto de Santa María». Sin embargo, la agrupación de terroristas en un mismo centro «se demostró ineficaz desde el punto de vista de su tratamiento penitenciario, dado que reforzaba sus planteamientos y las actitudes que les habían llevado a cometer delitos» y, por eso, el Gobierno «decidió un cambio en la política penitenciaria» y empezó «a repartir a los terroristas en pequeños grupos por todos los centros disponibles, excepto los de Ceuta y Melilla, creo recordar», señala.
De este modo, «nos tocó la penosa tarea de romper ese grupo que no permitía disidencia alguna dentro de sí, presionando a aquellos internos que no querían seguir formando parte de la banda».
En Herrera llegaron a juntarse hasta doscientos presos etarras y, lógicamente, «había mucha tensión entre el personal, porque los  reclusos intentaban minar la moral de los funcionarios a través de formas sutiles como dejarles entrever que conocían sus datos personales. Era todo puro terrorismo psicológico. Los etarras decían que la prisión era un cortijo, no sé si tanto por sus pobres medidas de seguridad cuanto porque el estar agrupados les permitía ejercer presión para lograr condiciones de vida ventajosas. Pero, como decía, el panorama cambió para ellos cuando se inició su dispersión siendo ministro del ramo Enrique Múgica y Secretario de Estado Antonio Asunción».

El fallo del juez.  Jesús del Rey cuenta como anécdota curiosa de aquellos años que un tiempo antes de ocupar la dirección, el centro sancionó a un etarra por llamar «cafre» y «cabrón» a un funcionario. El recluso «recurrió la sanción que se le impuso, y el juez de Vigilancia Penitenciaria, para nuestra sorpresa, resolvió a favor del interno, argumentando que cafre se refiere al jefe de una tribu sudafricana y cabrón es el macho cabrío, por lo cual ninguno de los dos epítetos tiene carácter vejatorio».
Supuestamente, la política de dispersión de presos etarras debería haber llevado la calma a Herrera de La Mancha, pero no fue así, ya que su lugar fue reemplazado por presos clasificados en primer grado, «realmente peligrosos». «Pero ni el edificio era seguro, aunque es verdad que 'vivía' del mito de prisión de máxima seguridad, ni la plantilla estaba formada específicamente para el tratamiento de esta nueva tipología de internos, por lo que al poco tiempo protagonizaron graves incidentes como secuestros y motines», señala con claridad.
Del Rey Reguillo tuvo que gestionar dos secuestros y un motín, que, además, se produjo un día festivo, el día de San José de 1991, y recuerda que el gobernador civil de entonces, Tomás Morcillo, era «muy renuente» a dar la orden de intervención de la Guardia Civil aunque está prevista en la Ley.
Toda la mañana mantuvieron un «tira y afloja» y, cuando finalmente sus superiores le dieron vía libre y entraron las Fuerzas de Seguridad del Estado, «el motín se resolvió en cinco minutos; si no se hubiera perdido tanto tiempo, los amotinados no hubieran ocasionado enormes destrozos».
Respecto a si ha estado en pelitro, dice que supone que sí. Comenta que «puede ser en la etapa de Herrera, aunque nunca he sido consciente de ello y he llevado siempre una vida corriente como el resto de los ciudadanos, sin ocultar mi profesión ni obsesionarme por la seguridad». Y respecto a las amenazas del etarra De Juana Chaos, comenta que «escribió un artículo vertiendo sus opiniones, no muy favorables, a decir verdad, sobre determinados directores entre los que me encontraba». Se celebró una vista en la Audiencia Nacional, a la que acudieron y De Juana Chaos fue condenado.
Jesús del Rey cree que los funcionarios de prisiones hacen una labor «muy positiva» para el resto de la sociedad, «intentando ayudar a cambiar a personas que han atacado bienes jurídicos de la comunidad y, cuando tenemos éxito, es muy gratificante».

el cierre, por la merced. En junio de 1991 abandonó la dirección de Herrera, pero no la provincia: le nombraron director de la Prisión Provincial de Ciudad Real, un centro penitenciario como tantos otros, «típico», a su juicio, que «se parecía a la Modelo de Valencia pero en pequeño». Cuenta que tenía una estructura radial en panóptico, que permite al vigilante controlar todas las celdas situadas alrededor de la torre central sin que los reclusos puedan saber si son observados. También disponía de un pequeño departamento aislado para mujeres. «Eran unas instalaciones algo deterioradas por el uso y cierta masificación», pero con «una plantilla de funcionarios con experiencia y buen conocimiento de los internos y sus problemas».
Días antes de la festividad de la patrona de Instituciones Penitenciarias, la Virgen de la Merced, saltaba la noticia: la de 1992 iba a ser la última celebración en la Prisión Provincial de Ciudad Real.
Del Rey Reguillo cesó en la dirección en diciembre y, desconocedor de lo que iba a suceder, durante el tiempo que estuvo al frente de la cárcel «cambiamos el enlosado del centro, instalamos calefacción central e hicimos entre todos un plan de actuación para los próximos años, que, obviamente, no pudo llevarse a término; también autorizamos a salir a las internas de su departamento para compartir algunas  actividades con los internos varones».
Como anécdota, recuerda que «retiramos un crucifijo enorme que había en el interior de la prisión, puesto que ya hacía años que el Estado era aconfesional, y el capellán se  molestó, pero la cosa no fue a mayores...».
Por aquel entonces, en Ciudad Real existían tres centros penitenciarios, el de Herrera, el de Alcázar de San Juan y el de la capital. Esto hacía que la mayoría de los internos fueran de la zona y «bien conocidos» por la Policía y los funcionarios de la prisión, ya que «entraban y salían con frecuencia por su participación en delitos contra la propiedad».
También «había algún parricida e incluso algún separatista vasco, pero, como estaban clasificados en un régimen ordinario, compartían celda con presos comunes a los que calificaban de 'sociales' para, en su imaginario, atribuirse a sí mismos la condición de 'presos políticos'».
Entre los reclusos más conocidos que pasaron por la Prisión Provincial en sus últimos años se encuentran José Fernández Cerrá, uno de los autores de la matanza de abogados laboralistas de Atocha, y Juan José Moreno Cuenca, 'El Vaquilla', que a mediados de los 80 protagonizó un motín que fue noticia nacional.
En diciembre de 1992, Jesús Eladio del Rey Reguillo cesó como director de la prisión de Ciudad Real y asumió la dirección de la de Alcázar; en la capital se quedó al mando el subdirector hasta que el cierre se hizo efectivo.
A su juicio, la clausura del centro penitenciario de la capital fue «un gran error», pues «desplazó a todos los internos lejos de los juzgados que instruían los procedimientos, y lejos de la Audiencia Provincial, obligando a continuos y costosos desplazamientos, sin mencionar las molestias ocasionadas al personal». Y para las reclusas fue «especialmente discriminatorio», pues al no haber sitio en otras prisiones de la provincia, «tuvieron que alojarlas en centros de Madrid, a 200 kilómetros». 
Ciudad Real tuvo así el dudoso «honor» de ser «la única provincia de España sin prisión en la capital», asevera sin paños calientes.
El cierre de la cárcel de Ciudad Real obedecía al plan de amortización aprobado por el Gobierno, según el cual «se pretendía la sustitución de edificios obsoletos por otros modernos y bien equipados. Si esto era así, lo lógico -se pregunta- hubiera sido construir un centro nuevo cerca de la capital».
Del Rey Reguillo dirigió la prisión de Alcázar durante los siguientes 12 años, desde diciembre de 1992 hasta octubre de 2004.
Comenta que «había sido remodelada unos años antes y su estructura era y es modular». También es un centro pequeño, pero más moderno, y, a pesar de que está enclavado en pleno casco urbano y por tanto rodeado por casas de vecinos, «no suscitaba ningún rechazo entre la  población».
La plantilla de funcionarios «combinaba veteranos con personal  en prácticas que todos los años eran destinados allí para hacer  su primer aprendizaje».
Visto lo que había pasado con la cárcel de Ciudad Real, la dirección y la plantilla de la prisión alcazareña tenían la mosca detrás de la oreja, por lo que «nuestro esfuerzo se dirigió a demostrar la viabilidad y buena gestión del centro penitenciario». Recuerda  con indisimulado orgullo que «éramos la prisión con menor absentismo laboral de toda la Administración penitenciaria española».

Diálogo frente a castigo. Eladio del Rey fue nombrado a finales de 2004 director de la prisión de Valdemoro, Madrid III, cargo en el que cesó en 2010. Desde entonces trabaja en los servicios centrales de Instituciones Penitenciarias.
La experiencia acumulada en sus 32 años de vida laboral le han enseñando que «la mayoría de los problemas han de resolverse mediante el diálogo, mientras que el castigo en la forma en que se aplica es poco eficaz».
Del mismo modo, dice que también ha aprendido que «el método para cambiar los comportamientos de las personas que han cometido delitos, la mayoría de las cuales pertenecen a las capas más necesitadas de la sociedad, consiste en tratarles con respeto, proporcionándoles cosas básicas que casi nunca han tenido: habitación, mobiliario, equipo, actividades educativas, trato adecuado..., si son respetados ellos respetan también a los demás».
Una de las tareas que más le gustaba practicar era «hablar con los presos, sobre todo en la cárcel de Valdemoro, donde llegamos a tener internos de más de setenta nacionalidades distintas: hablábamos no sólo de temas penitenciarios, sino también de sus países de origen, su cultura, etc.»
Jesús Eladio del Rey elogia también la evolución que han experimentado a lo largo de estos años las prisiones: «la construcción de centros modernos y bien equipados ha sido lo mejor, así como la extensión de la labor penitenciaria a todo el ámbito de penas alternativas a la pura prisión, aunque todavía es algo incipiente que está lejos de alcanzar su cima», concluye.

http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z7DFA46AA-B480-3682-5D579ED5A240A0C8/20150516/etarras/ejercian/puro/terrorismo/psicologico/funcionarios

Desaparece el expediente de las obras que Gallizo









    INTERIOR

Denuncia

Desaparece el expediente de las obras que Gallizo hizo en Prisiones


  • Interior denuncia la eliminación de los datos sobre la reforma, que está bajo sospecha

  • El Ministerio del Interior aprecia delitos en la «desaparición y borrado de archivos» referidos a las contrataciones públicas realizadas en las obras de la vivienda de la que fuera directora general de Instituciones Penitenciarias con Zapatero, y actual número cuatro de la candidatura del PSOE a la Comunidad de Madrid, Mercedes Gallizo.El departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz ha remitido ya a laFiscalía las conclusiones de esta información reservada.
    El 13 de noviembre de 2014, el actual responsable de las cárceles españolas, Ángel Yuste, ordenó la apertura de una información reservada, la número 2014/0122, para «averiguar las circunstancias de la supuesta desaparición de la documentación física y registros informáticos de la base de datos de la Inspección Penitenciaria, y concretar el contenido de la información desaparecida». Ahora, seis meses después, la inspección ha elevado sus conclusiones, que apuntan a la comisión de varios delitos. El informe, de más de 100 folios, y sus anexos han sido remitidos ya a la Fiscalía.
    Los investigadores de Instituciones Penitenciarias concluyen que de lo que se trata no es de una «pérdida accidental» de los registros «de la aplicación informática Carga de la Inspección Penitenciaria». Este borrado coincide con la supresión de los registros informáticos del informe de inspección 2007/382 y con la desaparición del soporte documental físico del archivo de la Inspección.
    En cuanto a la concreción del material desaparecido, las conclusiones elevadas al fiscal apuntan que en marzo de 2008, tras las revelaciones publicadas por el EL MUNDO, se realizó una investigación de la Inspección Penitenciaria relacionada con las obras en la sede del centro directivo de la vivienda que Mercedes Gallizo compartía con su hija. Se constató por la Subdirección General de Servicios que «habían desaparecido al menos ocho expedientes de contratación, dos de los cuales hacían referencias a las obras y reformas realizadas en la vivienda» de la entonces responsable de las cárceles «y a la remodelación de espacios» para la «creación de una nueva vivienda en la sede» de Prisiones, que, como ya reveló este periódico, era para uso y disfrute exclusivo de la hija de Gallizo, estudiante de un máster de Periodismo en Madrid.
  • Un mes antes, en febrero de 2008, la Subdirección de Servicios buscó «una serie de expedientes de contratación, y ya conoció la desaparición de al menos uno de los expedientes referidos a esas obras». Pese a ello, los inspectores aseguran ahora que «no queda constancia física de la investigación realizada» en aquellas fechas «ni de los expedientes de contratación, que permanecen desaparecidos desde, al menos, 2008».
    Los analistas constatan también la «coincidencia de las fechas entre el informe de inspección, cuyos registros informáticos han sido suprimidos, y que fue iniciado en septiembre de 2007, y la aparición en prensa de noticias relacionas con obras en la vivienda de la entonces secretaria general de Prisiones en marzo de 2008». Tras la publicación en EL MUNDO de que existía documentación donde se acreditaba que Gallizo encargó en la primavera de 2006 la adaptación de un edificio para hacer un apartamento para el caso de que su hija fuera a verla, «Prisiones abrió una investigación sobre filtraciones, por lo que hay suficientes indicios en la presente información reservada para concluir que en 2008 la Subdirección General de Servicios y la Subdirección General de Inspección Penitenciaria conocieron de la desaparición de, al menos, ocho expedientes de contratación», dos de ellos relacionados con obras realizadas en la vivienda de Gallizo.
    El informe elevado al fiscal destaca también que, «a pesar de conocer la desaparición de una serie de expedientes de contratación, quizás por la materia que trataban -obras y reformas de la vivienda de la secretaria general-, quizás por su repercusión en prensa, no consta que se remitiese la posible infidelidad en la custodia de documentos públicos al fiscal, ni que estos hechos tuvieran una repercusión a nivel administrativo». Los inspectores apuntan que esta «inhibición en el proceder administrativo» podría ser la explicación de la eliminación del rastro de la investigación iniciada en su día. Los investigadores concluyen, por tanto, que «la existencia de irregularidades administrativas no podrán ser constatadas por la desaparición de la documentación».

    'Tengo derecho a vivir con mi hija'

    EL MUNDO desveló el 6 de marzo de 2008 la decisión de la entonces responsable de Prisiones del PSOE, Mercedes Gallizo, de poner en marcha unas obras en la sede central de Instituciones Penitenciarias con el fin de habilitar un apartamento para su hija, quien en aquellas fechas estaba cursando un máster en Periodismo en Madrid. La información detallaba que la decisión de la actual candidata a la Comunidad de Madrid afectaba a la estructura exterior de un edificio de patrimonio público ubicado en la calle Gran Vía. El espacio que estaba habilitando para su hija estaba destinado a las oficinas de Prevención y Riesgos Laborales de Prisiones. Además, la responsable penitenciaria no solicitó las preceptivas autorizaciones al Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo esta reforma. Al ser preguntada en su día por EL MUNDO, Gallizo aseguró: «Yo no tengo una vivienda oficial lo suficientemente grande, 60 metros cuadrados incluido pasillo, y tengo derecho a vivir con mi hija».     



jueves, 14 de mayo de 2015

CCOO, UGT y CSIF exigen la dimisión inmediata

CCOO, UGT y CSIF exigen la dimisión inmediata de la subdirectora general de Recursos Humanos


Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han exigido hoy la dimisión inmediata de la subdirectora general de Recursos Humanos, Ana Velasco, por "su incapacidad" y por "utilizar la información como un instrumento de favor con respecto a su sindicato afín", en relación a Acaip. 

Mientras se celebraba la reunión sobre la ejecución de la sentencia del concurso de 2012, se conoce la información (por escrito y con fecha de ayer) de USO-ACAIP en la que se reflejaba de manera pormenorizada todo lo que se estaba tratando en esos momentos en la mesa. Ante tal falta de respeto, todos los sindicatos convocados abandonaron la reunión como señal de protesta.

Este es el precio con el que la Administración Penitenciaria premia los cuatro años de silencio del sindicato USO-ACAIP, con información privilegiada. Mientras la institución está siendo privatizada el sindicato ACAIP ha permanecido al margen de la Plataforma en contra de la privatización de prisiones y ha venido sosteniendo la política de recortes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Tanta inactividad ha sido debidamente premiada. 



CONTENIDO DE LO TRATADO EN LA REUNIÓN: 

En relación con la ejecución de sentencia 57/2013 relativo al concurso de méritos de 2012 y tras las reuniones de la Comisión de Valoración del mismo, se confeccionaron unos listados - puntuaciones definitivas- que tenían el carácter de propuesta de adjudicación. Finalizado el plazo de trámite de audiencia que la Secretaría General estableció, se va a ejecutar esta sentencia según estos criterios: 

- 272 trabajadores han solicitado permanecer en el puesto de trabajo que vienen desempeñando desde 2012. Esa petición se va a atender mediante una adscripción provisional del trabajador o trabajadora a una plaza de las mismas características y en el mismo centro que la que ocupa en estos momentos. 

- El resto de los 499 trabajadores a los que se les modificó la adjudicación de la plaza obtenida inicialmente han aceptado (bien de forma expresa mediante alegaciones o bien por no haber manifestado su desacuerdo) este cambio propiciado por la ejecución de sentencia. 

La Secretaría General se apoya en el artículo 6 del Código Civil (eficacia general de las normas jurídicas) para aceptar la renuncia de los 272 funcionarios a la plaza definitivamente obtenida tras la ejecución de sentencia. Este artículo dice lo siguiente: 

2. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. 

Entiende la Secretaría General que no se actúa contra el interés o el orden público ni se perjudica a terceros. 

Van a tramitar con celeridad un expediente con el que se solicitará a la CECIR autorización para la creación de unas 40 plazas nuevas (que no aparecen en las actuales RPT) en determinados centros penitenciarios. Parece ser que la mayor complejidad se centra en los puestos con niveles altos y mayores complementos específicos. De desarrollarse todo tal y como plantea la Secretaría General el procedimiento finalizaría a finales de junio o bien a principios de julio


Admitidas todas las alegaciones al concurso de traslados de 2012

Admitidas todas las alegaciones al concurso de traslados de 2012


Todas las alegaciones al concurso de traslados de 2012 han sido admitidas. La Subdirección General de Recursos Humanos ha anunciado que ningún funcionario será perjudicado y se crearán 40 plazas nuevas, principalmente en Euskadi y las Islas, para cerrar definitivamente el concurso de 2012. 

Según Recursos Humanos, 272 funcionarios han pedido mantener el puesto adjudicado inicialmente en el concurso, bien porque con la nueva valoración les había dejado sin plaza, bien porque se la cambiaba o bien porque adjudicaba una plaza ex novo que en este momento no les interesaba. 

Otros 216 funcionarios, bien por escrito expreso, bien por no hacer alegaciones, han asumido las nuevas plazas adjudicadas en el listado provisional. 

La Administración va a asumir la totalidad de las peticiones que han realizado los funcionarios. 

Todos aquellos que hayan obtenido una nueva plaza tomarán posesión en ella una vez se publique la resolución, presumiblemente en el mes de junio. 

Todos los funcionarios que solicitaban permanecer en la misma plaza que estaban ocupando se les nombrará en las mismas en adscripción provisional; esta figura es equiparable a la del puesto en propiedad, ya que en la misma se consolida grado y se ejerce el puesto de trabajo y únicamente existe la obligación de concursar a la plaza que estas ocupando. En el caso de no obtenerla en el concurso se mantendría la adscripción en el mismo municipio de acuerdo con el Reglamento de Provisión de Puesto de Trabajo. 


Para poder llevar a cabo esta resolución se está pendiente de generar unas 40 plazas mediante un expediente a la CECIR, principalmente en los Centros del País Vasco y las Islas al no existir vacantes suficientes en los mismos. 

Se reconoce el mejor derecho de aquellos compañer@s que tenían que haber obtenido plaza en el concurso inicial y que no lo pudieron hacer por utilizarse unas bases ilegales. 

Se mantiene a todo el mundo en el destino actual, de tal forma que no se establece ningún traslado forzoso ni se genera ningún perjuicio a aquellos compañeros que actuando de buena fe obtuvieron plaza en el concurso inicial. 

Al utilizarse la figura de la adscripción provisional no se bloquean las plazas inicialmente otorgadas que podrán salir a concurso. Esperamos que el expediente de la CECIR se resuelva lo antes posible para poder efectuar los movimientos en el mes de junio. 

martes, 12 de mayo de 2015

reunión para l concurso de traslados de 2012

Convocada una reunión para el jueves 14 de mayo sobre el concurso de traslados de 2012


La Subdirección General de Recursos Humanos ha convocado a los sindicatos a una reunión el jueves 14 de mayo de 2015. El asunto a tratar, según la convocatoria, es el concurso de traslados de 2012, pendiente de resolver todavía. Los afectados por este concurso de traslados son 500 funcionarios. 

El futuro inmediato de estos funcionarios está en el aire, lo que ha provocado muchas quejas en todas las prisiones por el caos que hay en Instituciones Penitenciarias. La subdirectora general de Recursos Humanos, Ana Velasco, tiene varios frentes abiertos, ya que además tiene que volver a convocar otra vez el concurso de 2013 por orden judicial. 

El desbarajuste en la Subdirección General de Recursos Humanos es bastante importante y todavía no se sabe cómo va a terminar todo el proceso. Los funcionarios más optimistas creen que se van a duplicar las plazas y ningún funcionario se verá perjudicado, mientras que los más pesimistas consideran que los funcionarios que han perdido su plaza deberán volver a su anterior destino. 


http://aladinoexamen.webcindario.com/hoy/1462.htm

miércoles, 6 de mayo de 2015

Curso de Archivo y Documentación

Convocado curso de Archivo y Documentación



ØDURACIÓN: 20 horas lectivas (horario de mañana).

Ø LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro de Estudios Penitenciarios (Madrid).

Ø FECHAS: Del  8 al 12 de junio de 2015.

Ø DESTINATARIOS: Funcionarios de las oficinas de gestión de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Laboral que entre sus funciones se encuentre la gestión de archivos y documentos. ASISTENTES: Máximo de 25 empleados públicos.

Ø SOLICITUDES: En la secretaría del Centro Penitenciario de Albolote.

Ø PLAZO DE PETICIÓN: Antes del 11 de mayo.


domingo, 3 de mayo de 2015

UN AÑO SIN ALARMA ANTI INCENDIOS EN LA PRISIÓN DE ALBOLOTE

IDEAL.es                                   02/05/2015

Denuncian que la alarma antiincendios de la cárcel lleva un año sin funcionar

El delegado de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones ha contado que desde su colocación el sistema ha dado numerosas falsas alarmas que han generado una "inoperatividad" llegando a "saltar" por el vapor de las duchas situadas dentro de las celdas

La alarma anti incendios de la prisión de Albolote (Granada) está estropeada desde hace casi un año después de que la anterior se anulara en junio de 2014 para instalar un sistema más moderno que, tras una inversión de más de 1,5 millones, causó varios problemas y no funcionó de manera correcta hasta su total desactivación.
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) en Granada ha denunciado esta situación que pone en peligro a los 1.500 internos que cumplen condena en la cárcel granadina donde ya se han producido con anterioridad incidentes que, incluso, han costado la vida a uno de los presos y han causado numerosos heridos.
El delegado de APFP en esta prisión, Rafael Molina, ha contado que desde su colocación el sistema ha dado numerosas falsas alarmas que han generado una "inoperatividad" llegando a "saltar" por el vapor de las duchas situadas dentro de las celdas.
En los últimos años, la prisión granadina ha sufrido una serie de incendios, "normalmente generados por los propios internos", que llegó a costar la vida de uno de los presos pero en ninguno de los casos se activó la alarma, una situación que ha provocado numerosas quejas por parte de los funcionarios porque "si no funcionan o saltan tarde no podemos activar el protocolo de emergencia y la vida de los internos, con las celdas bloqueadas, se pone en grave riesgo".
Los representantes sindicales han criticado que tras gastar "esa cantidad de dinero" en una alarma nueva "ésta no ha funcionado bien nunca" y ahora está desactivada "sin que parezca que tengan intención de ponerla a funcionar de nuevo" con el peligro que supone que entre las paredes de la prisión cada día se juntan alrededor 1.700 personas entre funcionarios, internos y personal administrativo.