EL PAÍS.COM 24/06/2015
El Gobierno planea devolver parte de los recortes a los
funcionarios
El Ejecutivo estudia reintegrar el 75% de la paga extra suprimida en
2012 y restituir parte de los días libres eliminados. Hace cálculos para ver si
hay margen para subir las nóminas públicas en 2016
El
Gobierno estudia medidas electorales para compensar a los sectores más
perjudicados por los recortes de los últimos años. Desde Moncloa señalan a los
empleados públicos como uno de los colectivos más damnificados por la crisis.
Consideran que les deben lanzar un guiño de cara a las elecciones para
recuperar el terreno perdido tras las pasadas autonómicas y municipales. Entre
las medidas que baraja el Ejecutivo está la devolución del 75% de la paga extra
suprimida en 2012, así como los días libres (moscosos
y canosos) que les retiró hace tres años. El Gobierno también hace
cuentas para ver si es posible una pequeña subida salarial, la primera desde
2010, aunque este punto es el más difícil. El Ejecutivo presentará este viernes
el techo de gasto de 2016, donde podría incluir algunas de estas medidas.
El
Gobierno ultima un paquete de medidas para congraciarse con los empleados
públicos de cara a las elecciones del próximo otoño. La economía está
evolucionando mejor de lo previsto y la recaudación permitirá lanzar algún guiño
a uno de los sectores que han protagonizado algunos de los recortes más sonoros
de la crisis. Fuentes gubernamentales admiten que se está trabajando en medidas
para favorecer a los empleados públicos. “Es uno de los colectivos a los que
más se les ha exigido. Y ahora que la economía va mejor hay que empezar a
devolverles los sacrificios”, explican las mismas fuentes. En España hay
2.522.827 empleados públicos, de los cuales 540.658 dependen del Ejecutivo
central.
El
Gobierno aprobará este viernes el objetivo de estabilidad para el próximo año
—fijará el tope de déficit en el 4,2%, en línea con lo comprometido con
Bruselas— y aprobará el techo de gasto de 2016, que probablemente suba tras
haberlo reducido un 3,2% este año. El gasto de los ministerios crecerá por las
mejoras para los empleados públicos.
Entre las
medidas que están sobre la mesa figura la devolución del 75% de la paga extra
suprimida en 2012. Esta decisión costaría unos 700 millones de euros a las
arcas públicas. El gobierno ya reintegró a principios de este año el 25% de la
extra de Navidad porque, entre otras cosas, los jueces estaban dando la razón a
los trabajadores frente a la Administración. La medida supuso un gasto al
Estado de 230 millones de euros. Esta decisión propició que la mayoría de las
comunidades autónomas también comenzara a devolver esta parte de la extra de
2012.
Devolución de moscosos
Los
empleados públicos también han reclamado la devolución de los días libres que
el Gobierno les redujo en 2012. Entonces les rebajó los moscosos de seis a tres
y limitó los días libres por antigüedad, los llamados canosos. Hasta la fecha
ya les ha devuelto dos de los moscosos, pero en Hacienda valoran devolver
alguno más (el moscoso pendiente y una parte de los canosos).
Otra de
las líneas sobre las que se trabaja en Moncloa consiste en comprobar si hay
margen para subir el sueldo de los empleados públicos el próximo año. Sería el
primer incremento salarial desde 2009. Desde entonces, los funcionarios han
visto como su sueldo se les ha reducido —en 2010 se les recortó un 5% de media—
o se les ha congelado. Este es uno de los puntos más complejos en la
negociación con los sindicatos porque el Gobierno no pierde de vista que el
próximo año debe afrontar un ajuste pendiente de cerca de 16.000 millones
—tiene que reducir el déficit del 4,2% al 2,8% del PIB—. Por eso, mira con lupa
la evolución de la recaudación para ver si queda margen teniendo en cuenta que
en 2016 ya está prevista una segunda rebaja fiscal, que costará 5.200 millones.
El acuerdo
suscrito entre la patronal y los sindicatos a principios de mes establece una
subida salarial del 1,5% para el próximo año. Pero el marco para los
trabajadores públicos es diferente. Desde la organización sindical CSI-F
reclaman una subida salarial. Recuerdan que han sufrido una pérdida de poder
adquisitivo de más del 20%. Y califican como “insuficiente” el pacto firmado en
el sector privado. La última palabra de esta decisión la tendrá Moncloa, que
deberá justificar la medida ante Bruselas.
Fuentes de
Hacienda admiten que se han abierto las negociaciones con los funcionarios para
relanzar el diálogo social. La semana pasada convocaron a los sindicatos a una
primera reunión donde les pidieron un catálogo de reclamaciones sobre las que
trabajar para tratar de desbloquear el diálogo social.
Otra de
las reivindicaciones de CSI-F pasa por detener la destrucción de empleo
público. Piden que se elabore una oferta de empleo público teniendo en cuenta
las necesidades de cada área. Y que se acabe con la limitación de la tasa de
reposición, que restringía los relevos por jubilaciones al 50% en servicios
esenciales y al 20% para el resto. Desde el inicio de los recortes, en 2010, el
conjunto de las Administraciones Públicas ha ahorrado más de 5.000 millones
solo por este concepto.
